Bruselas desmonta la reforma de pensiones

Al menos, desde la crisis económica del 2008, el sistema público de pensiones en España arrastra un déficit crónico en las cuentas de la Seguridad Social, que hace peligrar la sostenibilidad del sistema, y que ha obligado a realizar reformas hacia un modelo social de pensiones para mejorar las perspectivas futuras de los pensionistas. Ejemplo de ello son las reformas de pensiones de los años 2011 y 2013.

La reforma del gobierno de Rajoy, por Ley 23/2013, de 23 de diciembre, introdujo dos mecanismos de ajuste automático de las pensiones: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), vinculado al equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos del sistema; y el Factor de Sostenibilidad (FS), nunca aplicado, que vinculaba la revisión de la cuantía de la prestación a la evolución de la esperanza de vida. Ambos fueron derogados por el gobierno de Sánchez, mediante la Ley 21/2021, de 28 de Diciembre, estableciendo la revalorización de las pensiones y la garantía del poder adquisitivo por una nueva indexación basada en el IPC, y el RDL 2/2023, de 16 de Marzo, aprobando la reforma del sistema público de pensiones sobre tres ejes fundamentales, de equidad, suficiencia, y sostenibilidad, introduciendo el mecanismo de equidad intergeneracional o MEI, para nutrir el fondo de reserva o hucha de las pensiones, incluyendo, además, una cláusula de cierre de la reforma, operativa desde 2025, basada en las cifras de proyección del gasto neto en pensiones, cuyo máximo anual no deberá exceder del 13,3% del PIB.

Pues bien, según el Informe de la Comisión Europea, publicado el 19-4-2024, sobre consecuencias presupuestarias del envejecimiento de la población en la UE, España tendrá que abordar un ajuste o previsión de gasto, por desfase del sistema, del 0,8% del PIB anual en las pensiones entre 2025 y 2030, equivalente a casi 12.000 millones de euros, un cálculo provisional a la espera de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal (AIReF) actualice en 2025 su previsión de ingresos, que podría ser mayor a la estimada en 2023.

La Comisión Europea prevé que el gasto promedio anual se elevará al 15,1 % del producto interior bruto (PIB) entre 2022 y 2050, a lo que hay que restar la estimación de ingresos promedio de la AIReF del 1% del PIB, lo que resulta en un gasto neto anual del 14,1 % del PIB, 0,8 puntos por encima del máximo del 13,3 % del PIB establecido. Consiguientemente, España será el país de la UE con el mayor aumento del gasto en pensiones, debido al impacto de las reformas del sistema, provocado por el desequilibrio entre ingresos y gastos para 9,6 millones de pensionistas. Bruselas tumba, así, la reforma de las pensiones y aboca a un ajuste probable de casi 12.000 millones de euros.

En efecto, la UE desarma y corrige la reforma de pensiones prevista por el ministro Escrivá, por ser insostenible, al no cubrir los ingresos necesarios con hasta 5 puntos más de gasto, y duplicar hasta el 3,1% el déficit del sistema, haciendo más probable un ajuste en 2025. Como resultado de ello, el cuarto pago de fondos europeos Next Generation por 10.000 millones de euros, ligado a la segunda parte de la reforma, queda totalmente en el aire.

Bruselas pronostica que las medidas adoptadas en 2021 (la indexación de las pensiones al IPC), y en 2023 (la abolición del factor de sostenibilidad por aplicación del MEI), supondrán un aumento del gasto de 3,3 puntos porcentuales del PIB en las pensiones públicas para 2050, y un aumento de 5 puntos porcentuales en 2070. El BE se mostró crítico con la reforma, diciendo que a largo plazo no conseguiría equilibrar gastos e ingresos del sistema, viendo inevitable un ajuste de pensiones en 2025, advirtiendo que las reglas fiscales obligarán a un ajuste anual de cuentas públicas del 0,5% del PIB en 2025 y en cada uno de los siete próximos ejercicios, ajuste algo inferior al del periodo de la crisis de deuda, entre 2010 y 2013, durante la etapa final del gobierno de Zapatero.

La ministra Elma Saiz anunció el 31 de Enero la excelencia en su gestión, hecho que no se ajusta a la verdad, pues ni habrá equilibrio presupuestario ni hucha de 25.000 millones en pensiones a final de la legislatura, pues según el informe del Ministerio de Economía enviado a la UE un mes antes, España tendrá que abordar un ajuste del 0,8% del PIB cada año entre 2026 y 2030, equivalente a casi 12.000 M€. Además, como es sabido, cada año, pese al récord de afiliados, hay que realizar transferencias por más de 40.000 M€, para enjugar el déficit de la SS. y poder pagar las pensiones. Naturalmente, las cifras presentadas no cuadran en este caso, dada la necesidad de recomponer las cuentas públicas.

Francisco Javier Sagüés Sala. Abogado